El congreso de Venezuela liderado por la oposición, nombró el viernes a jueces alternativos al Tribunal Supremo de Justicia del país, cuyos actuales miembros progubernamentales; han sido una base de apoyo al presidente izquierdista Nicolás Maduro.
Aunque ampliamente visto como simbólico, el movimiento plantea el espectro del desarrollo de un estado paralelo. El tribunal superior, ha advertido que el nombramiento de los jueces suplentes es ilegal y que podrían ser encarcelados.
Los legisladores de la oposición en el congreso de Venezuela, juramentaron a los 13 nuevos jueces y 20 jueces suplentes; en una plaza pública para combatir lo que dicen que es una venezolana rica en petróleo, que se hunde en la dictadura de Maduro.
El Congreso de Venezuela y diputados de la coalición de partidos de oposición (MUD) de ese país, designan jueces del Tribunal Supremo
“No vamos a retroceder, Venezuela tendrá un Tribunal Supremo de Justicia e instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de cualquier gobierno que esté en el poder”, dijo el legislador de la oposición Carlos Berrizbeitia durante la ceremonia.
Los críticos sostienen que los actuales magistrados del Tribunal Supremo; fueron nombrados ilegalmente por el partido socialista gobernante; y se precipitaron antes de que la oposición asumiera la legislatura en enero de 2016.
“Son magistrados piratas nombrados al vuelo”, dijo el legislador de la oposición Juan Requesens en un video transmitido en directo en el servicio de Periscope, que la oposición a menudo utiliza, dada la cobertura limitada de sus actividades en los canales de televisión local.
Aun así, el gobierno no permitirá que los jueces designados por el Congreso; destituyan a los que ya están sentados en el Tribunal Supremo.
Por el contrario, el movimiento fue parte de la campaña de la coalición de la oposición; para presionar al impopular Maduro para celebrar una elección presidencial. Esto seguido a casi cuatro meses de protestas, un plebiscito no oficial y un paro nacional.
Alrededor de 100 personas han muerto en la intranquilidad; que comenzó a principios de abril, miles de personas han sido arrestadas y cientos resultaron heridas.
Tribunal Supremo actual advierte que nombrar a jueces alternativos “ilegales”, puede conducir a la cárcel
Dos jóvenes y un adolescente murieron en disturbios relacionados con la huelga del jueves, según las autoridades. Más de 360 personas; fueron detenidas en todo el país el jueves, según el grupo de derechos humanos Foro Penal.
La segunda ciudad más grande de Venezuela, Maracaibo, sufrió saqueos e incendios durante el paro, según informes locales que no han sido confirmados por las autoridades.
La oposición está compitiendo; por detener el plan de Maduro para el 30 de julio de crear una polémica súper legislatura; con poderes para reescribir la constitución y sustituir a otras instituciones.
Maduro enfrenta una presión generalizada; desde el exterior para abortar la asamblea constituyente, incluyendo al presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo el lunes que tomará “acciones económicas fuertes y rápidas”, si el líder venezolano continúa con sus planes.
La presión regional también está aumentando. El bloque comercial Mercosur de Sudamérica, pidió el fin de la violencia en Venezuela en una declaración conjunta el viernes.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay instaron a Venezuela a liberar a los presos políticos y ofrecieron facilitar el dialogo entre Maduro y la oposición.
