La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) señaló en una nota, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que la Fiscalía “no se trata de alguna herramienta que esté a disposición del Gobierno, ni sirve a éste para hacer la su política criminal”.
Y agregan: “Ni en la Constitución ni mucho menos en el Estatuto Orgánico que señala que el Gobierno lograría dirigir algunas instrucciones escritas, ni siendo evidentes en lo verbal, al Ministerio Fiscal”. “El Ministerio Fiscal trabaja con completa autonomía del Gobierno”, y “termina en el fiscal general del Estado”, recalcan.
Se trata de un grupo que se une a cada crítica señalada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Catalá, el cual aseveró el viernes que “el fiscal corriente del Estado lo designa el Gobierno”, “la Fiscalía no es autónoma, autónomo es el poder judicial, la fiscalía que tiene la independencia para poder trabajar y aplicar sus ocupaciones”, y “logra tomar varias indicaciones señaladas por el gobierno” porque “al fin y al cabo todo el mundo dentro de la Fiscalía es una herramienta para el correcto desempeño de la labor política criminal del Gobierno”.
La APIF alude en la nota que “no se puede hablar de querer despolitizar la justicia y comenzar con el desconocimiento sustancial de uno de los protagonistas fundamentales, el Ministerio Fiscal”.
Es así como según ese saber, el ministerio está sin conocimientos acerca del contenido comprendido por el artículo 124 de la Constitución Española, y que luego se desarrolló en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En ese, se estipula que “al fiscal general del Estado lo designa el Rey a solicitud del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y allí terminan, o deberían terminar cada injerencia por parte del instituto”
“Pero lo que si muestra la nota octava del Estatuto es que ‘El Gobierno tendrá interés por el Fiscal General del Estado para que se promueva frente a los Tribunales las tareas señaladas con orden a la correcta defensa por el interés público’. Asimismo, se señala que ‘El Fiscal General del Estado, escuche la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, solucionará cada viabilidad o procedencia de las actividades incluidas y exhibirá asimismo cada pauta al Gobierno de manera razonable. Sea cual sea el acto, el tratado aplicado señalará a quien tenga formulada la petición’. O sea, que lograría verse negada a llevar a cabo cada trabajo interesante por el Gobierno en el que debiese estar encaminado a proteger el interés público”, señalan.
La APIF, asimismo, se lamenta por la carencia de la independencia en presupuestaria del Ministerio Fiscal para lograr cargar con una autonomía verdadera en el poder ejecutivo.
“Autonomía el cual se demanda a través del Consejo de Europa con el fin de tratar temas para poder derrumbar toda falta estructural de cada Institución y la dependencia económica al Ejecutivo que va adsorbiendo la eficiencia ocupacional”, dicen.
Culminan por llamar a los demás “para que toda comunicación vinculada entre el Gobierno y la FGE se gestionan de forma correcta y se rijan por la requerida transparencia, con el fin de impedir concretamente cualquier percepción como la señalada”.
