El tribunal constitucional ha dicho que estudiará las decisiones claves, tomadas por Pablo Llarena; con la finalidad de precisar si se ha violado los derechos políticos de los independentistas Catalanes. También aplicaran el mismo procedimiento a la sala de apelaciones en la macro causa que investiga el procés independentista.
Fue informado por el pleno del constitucional, que decidieron admitir a trámite varios de los recursos interpuestos por los imputados; para de esta forma trasladarlos al tribunal superior para remitir las acusaciones. Uno de los más llamativos recursos interpuestos; se encuentra el de Carles Puigdemot y otros imputados contra el auto del 23 de marzo. Dicho auto les procesaba por el delito de rebelión.
En el recurso los acusados establecen que la decisión de acusarlos por rebelión que más tarde los llevaría a ser suspendidos políticamente de manera cautelar. Vulneró claramente su derecho a ejercer el cargo público adquirido en las elecciones del 21 de diciembre pasado.
Otra de las decisiones claves a las que hace referencia y estudiará el constitucional, es la que impidió a Jordi Sánchez; que participara de forma presencial o telemática en el debate de investidura del Parlament de Catalunya. En dicho debate el diputado tenía la aspiración de asumir la presidencia de la Generalitat representando al partido JxCat.
El Constitucional también estudiará pasos aprobatorios del carácter independentista
También está en la lista de investigación, aquel auto de la mencionada sala de apelaciones del mes de mayo; que mantuvo en prisión y sin fianza alguna a Raül Romeva, Carme Forcadel y a Dolors Bassa.
Este conjunto de decisiones a las que los magistrados decidieron llamar claves, serán analizadas durante los próximos meses; una vez que el propio tribunal ha admitido de manera unánime que: “estos hechos afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
También estudiarán, tras admitir un recurso del grupo de Ciudadanos en el Parlament, los pasos que se dieron para aprobar dos normas de carácter independentista en septiembre del año pasado: la de Transitoriedad Jurídica y la Fundacional de la República.
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