ETA (Tierra vasca y libertad en euskera) ya es pasado, pero la situación de los presos que militaron en la organización separatista armada sigue siendo motivo de división en el País Vasco.
El presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, en el poder desde junio, se mostró favorable a dejar atrás la política de dispersión de los presos por toda España, vigente hasta el momento. reseñó la agencia de noticias AFP.
Dicho acercamiento de los presos es una vieja reivindicación de las familias y lo fue también de la propia banda. Sin embargo, tiene encolerizadas a las asociaciones de víctimas de ETA; una organización que desapareció el pasado mayo dejando un reguero de al menos 853 muertos en cuatro décadas de violencia.
“Creemos que es posible traer a todas las personas presas a Zaballa (una cárcel en el País Vasco); y que desde allí se empiecen los procesos de reintegración”, afirma Teresa Toda, representante del Foro Social, un grupo que promueve la reconciliación en esta región del norte de España.
De las 265 personas encarceladas por su vinculación con ETA, 46 están en Francia, una en Portugal y el resto en España. Muy pocos se encuentran en el País Vasco, según la asociación de familiares de presos Etxerat.
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Presos serán trasladados
Desde el anuncio de Pedro Sánchez en junio, 19 prisioneros han sido o están en proceso de ser trasladados a cárceles situadas más cerca de sus familias, confirmó a AFP una portavoz de la administración penitenciaria española.
Dos de ellos ya han sido transferidos al País Vasco tras renegar de ETA, una vía abierta desde hace tiempo por la justicia española. Los otros han sido acercados, pero a cárceles ubicadas fuera de la región.
Una política calificada de “tímida” por Teresa Toda, quien pasó seis años en la cárcel por colaboración con ETA en calidad de subdirectora del diario independentista vasco Egin, cerrado por decisión judicial en 1998. Ella sin embargo niega tajantemente haber cooperado con la organización.
El “sufrimiento de los familiares”
Urtzi Errazkin, representante de Etxerat, critica que los familiares de presos de ETA deben recorrer cientos de kilómetros para visitar a sus parientes condenados, con el coste económico y los riesgos de accidente que ello puede implicar.
“Están utilizando a los familiares, el sufrimiento de los familiares, para vengarse de los presos”, dice Errazkin, y recuerda que la ley española anima a las autoridades a “evitar el desarraigo social de los penados”.
“¿Y las víctimas?”, responde Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).
“Yo sí que tengo que hacer 1.200 kilómetros cada vez que quiero ir a ver a mi hermano en una tumba”; en San Sebastián, dice fulminante.
Su hermano Gregorio Ordóñez, un político del conservador Partido Popular; fue asesinado por ETA en 1995 y ella misma tuvo que abandonar el País Vasco acogotada por las amenazas.
COVITE reclama que sólo sean agrupados en el País Vasco los presos que hayan condenado a ETA y pedido perdón a las víctimas, lo que muy pocos han hecho hasta ahora.
Ordóñez dice estar además preocupada; de que el gobierno socialista esté abierto a transferir al ejecutivo regional vasco la competencia en gestión de prisiones.
“Desconfiamos de los nacionalistas”, en el poder en la región; añadIó Consuelo Ordóñez, quien teme que el gobierno vasco sea más benevolente; con las condiciones de los presos etarras.
“Los nacionalistas siempre van a velar por los terroristas de ETA”, afirmó.
Reconciliación
Los defensores de la causa de los prisioneros replican que la sociedad vasca es ampliamente favorable a un acercamiento; si ello sirve para reconciliar a una sociedad dividida por años de atentados; asesinatos, secuestros y extorsiones por cuenta de ETA.
Muchos quieren pasar página, reconocen el daño de ETA y recuerdan que también hubo víctimas del otro lado. Concretamente, al menos 62 personas murieron a manos de grupos parapoliciales y de extrema derecha opuestos a ETA. Igualmente hubo acusaciones de tortura contra las fuerzas policiales españolas.
“Muchas veces lo que más se percibe es; ‘me da igual dónde cumplan la condena mientras se esté haciendo justicia'”, apuntó Teresa Toda.
Según la investigación de la universidad de Deusto, el 34% de los vascos son favorables a los presos; un 7% a favor de la dispersión y un 29% defienden una amnistía total o parcial.
Prueba esto último, según Consuelo Ordóñez, de que la sociedad vasca; “una sociedad enferma, corrupta moralmente, que empatiza con los terroristas, y que nunca se ha solidarizado con las víctimas”.
“Esa era la sociedad que mientras ETA nos mataba, ellos lo aplaudían; lo justificaban, o les pasaban la información, o miraban a otro lado”.
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