Puigdemont tendrá una paga asignada, esto conforme a lo que está escrito en la constitución española; según la ley, el ex dirigente tiene derecho a aproximadamente 7000 euros, por el tiempo que se desempeño sus labores como presidente del Govern, asimismo; Mariano Rajoy no implicará en la merma de uno solo de los derechos laborales de los que pueden disfrutar los exconsejeros y el presidente catalán cesados.
El ministerio de Hacienda, estima que el expresidente Carles Puigdemont tiene derecho a recibir una compensación de unos 7.000 euros en concepto de pagas extras y vacaciones; como cualquier trabajador que deja su puesto, el expresidente y sus exconsejeros recibirán un finiquito que se calcula de manera precisa y exacta en base al tiempo en el que ejercieron su cargo: desde el 12 enero de 2016 en el que tomaron posesión; hasta el 27 de septiembre de 2017 en el que fueron cesados.
Desde ese día, coincidiendo con la fallida proclamación de la República, Puigdemont y sus 13 exconsejeros perdieron su asignación salarial; que en todos los casos era superior a los 100.000 euros anuales. Puigdemont tenía el mejor salario con 139.585,67 euros al año, mientras que el resto de sus consejeros tenía asignado; en cada caso, 110.759,94 euros por curso; de acuerdo con el último documento de retribuciones disponible en el portal de transparencia de la Generalitat.
Puigdemont tendrá una paga asignada
Cabe destacar, que solo Puigdemont tenía derecho a solicitar una pensión después de haber sido cesado; en su condición de expresidente de la Generalitat podría percibir, en virtud de lo dictado en la Ley, el 80% de su salario como President; por un período equivalente a la mitad del tiempo que ha permanecido en el cargo y, como mínimo; por una legislatura.
En el caso de Puigdemont se trataría de 111.668,536 euros al año; además de otras prerrogativas como la creación de una oficina para desarrollar sus actividades; o una pensión vitalicia equivalente al 60% de su último sueldo al cumplir los 65 años. Solicitar esta pensión hubiese supuesto reconocer la vigencia del 155 y su propia destitución y de su equipo; rompiendo también la principal línea argumental de los comicios del 21-D.
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