El tema de la nueva ley de incapacitación judicial está ganando relevancia en el panorama jurídico español. Durante décadas, el modelo de incapacitación ha sido criticado por su enfoque paternalista, que a menudo despojaba a las personas con discapacidades de su autonomía personal y derechos fundamentales. De acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta diciembre de 2020 había alrededor de 200.000 personas incapacitadas judicialmente en España, lamentablemente, este número ha ido incrementando notablemente, porque como sabemos, vivimos en uno de los países con mayor población anciana, ocupando el tercer lugar en la actualidad.
Evidentemente, esto ha generado una necesidad de una reforma que ha sido objeto de discusión y debate durante años en círculos académicos y políticos. La voluntad colectiva por mejorar el sistema ha ganado fuerza, impulsada tanto por cambios sociales como por mandatos internacionales. El Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU, ratificado por España en 2008, exige una revisión y modificación de las leyes o políticas que perpetúan la discriminación y segregación de esta población vulnerable.
Ante este contexto, surge la reforma de la incapacitación judicial, que busca responder a las demandas de una sociedad cada vez más comprometida con la inclusión y la justicia. Esta modificación pretende ser un hito en la historia de los derechos de las personas con discapacidades, aunque como todo en la vida, no ha estado exenta de críticas y controversias.
Precisamente por eso último, quisimos preparar el siguiente artículo, echaremos una mirada a la historia de la incapacitación judicial en España, luego estudiaremos los cambios más significativos que introduce la reforma y analizaremos cómo estos afectan a las personas con discapacidades. También aprovecharemos para explicar qué es la curatela y cómo beneficia a la población más vulnerable de nuestro país.
¿Qué es la incapacitación judicial y por qué necesitaba reformas?
Cuando hablamos de incapacitación judicial, nos referimos a un proceso legal que restringe o priva a una persona de su capacidad para tomar decisiones en determinados ámbitos de su vida, generalmente producto de una discapacidad mental o a condiciones que interfieran en su capacidad para actuar de manera autónoma. Esto se hace presuntamente con la intención de proteger a la persona de hacerse daño a sí misma o a los demás. El procedimiento se regía por el Código Civil español y se lleva a cabo en los tribunales de justicia, donde se evalúa la condición del individuo a través de pruebas médicas y testimonios.
Este modelo de incapacitación judicial tiene raíces históricas en la legislación española, con influencias de sistemas de protección paternalistas que se remontan al siglo XIX. Como comentamos, este concepto ha sido objeto de controversia debido a que, aunque teóricamente su objeto es el de proteger a personas vulnerables, también implica la pérdida de los derechos fundamentales de las personas.
La reforma de la incapacitación judicial surge, en parte, de los cambios en la comprensión y tratamiento de las discapacidades y las condiciones mentales. Además, se busca adaptar la legislación a las normas internacionales de derechos humanos, como el ya mencionado Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la Organización de Naciones Unidas.
Por otro lado, también se busca reducir el estigma asociado a las personas con discapacidades y favorecer una mayor inclusión social y autonomía. De acuerdo con informes de diversas ONGs y entidades gubernamentales, nuestras leyes actuales de incapacitación estuvieron mucho tiempo desfasadas, por lo que necesitaban adaptarse a los nuevos paradigmas sociales y médicos.
Los cambios clave de la reforma de la incapacitación judicial
Luego de tanta lucha y discusiones, por fin las personas con discapacidad de nuestro país ganaron la batalla y se produjo la reforma de la incapacitación judicial en nuestro país. Específicamente el 2 de junio de 2021, dando lugar a la Ley 8/2021, ofreciendo el apoyo judicial a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su capacidad jurídica, eliminando el paternalista sistema de incapacitación, introduciendo medidas de apoyo, salvo en circunstancias
La reforma de la incapacitación judicial se produjo en España el 2 de junio de 2021. La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, eliminó la figura de la incapacitación judicial y la sustituyó por un sistema de medidas de apoyo, como por ejemplo la curatela. Vale aclarar que, esto último en sí no es una innovación de la reforma, pero se implementaron cambios (ya hablaremos de esto más adelante).
Lo cierto del caso es que, la reforma de la incapacitación judicial en España representa un hito crucial en la evolución de los derechos de las personas con discapacidades y condiciones mentales. Este cambio normativo viene a actualizar un sistema que llevaba décadas en necesidad de modernización, buscando alinear la legislación nacional con las directrices internacionales de derechos humanos.
Veamos a continuación qué aspectos son los más resaltantes de la nueva ley de incapacitación judicial:
- Modificación de terminología: el lenguaje utilizado en la legislación se adapta para evitar términos que puedan ser estigmatizantes o discriminatorios.
- Mayor autonomía para el individuo: se busca favorecer el respeto a la autonomía personal, permitiendo que las personas con discapacidad puedan tomar más decisiones por sí mismas bajo determinados parámetros.
- Enfoque en la capacidad residual: la nueva ley pone énfasis en lo que la persona aún puede hacer, en lugar de lo que no puede hacer, buscando alternativas menos restrictivas antes de determinar una incapacitación.
- Sistemas de apoyo personalizados: se introducen mecanismos para que las personas tengan acceso a sistemas de apoyo en la toma de decisiones, como figuras de “apoyo en la toma de decisiones” y “curatela adaptada“.
- Garantías procesales mejoradas: se añaden salvaguardias para garantizar que el proceso judicial sea justo y equitativo, con más oportunidades para la participación de la persona interesada.
- Revisión periódica: la incapacidad ya no será necesariamente una condición permanente; las circunstancias se revisarán periódicamente para determinar si se mantiene o modifica el estado de incapacidad.
- Inclusión de nuevas tecnologías: se considerará el uso de tecnologías para apoyar la autonomía y toma de decisiones de las personas con discapacidad.
Como vemos, la reforma de la incapacitación judicial marca un notable avance en cuanto en el reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad en España, ofreciendo un sistema más humano, justo y equitativo.
¿Qué significa esto para las personas con discapacidad?
Hasta ahora en el papel todo pinta muy bien para las personas con discapacidad, sin embargo, ¿Realmente las beneficia? la respuesta simple que sí. Para empezar, tendrán una vida más cercana a la plena ciudadanía y la autodeterminación. La idea es otorgarle a los individuos que, históricamente, eran marginados por un sistema legal que solía priorizar la “protección” por encima de la libertad, ahora tienen la posibilidad de ejercer un mayor grado de autonomía en su vida diaria.
Este cambio normativo supone un reconocimiento más extenso de sus capacidades y derechos. Anteriormente, estas personas eran completamente excluido de decisiones que afectaban su vida, incluso en temas tan personales como su propia salud o las relaciones familiares. Ahora, con enfoques como el de la “capacidad residual” y los “sistemas de apoyo personalizados”, la ley busca mantener a la persona en el centro del proceso de toma de decisiones.
Además, la inclusión de revisión periódica y la adaptación de nuevas tecnologías ofrecen vías para una posible recuperación o mejora de las capacidades de la persona, permitiendo adaptaciones legales acordes a su situación. Una de esas adaptaciones, es la curatela que estudiaremos, A continuación.
¿Qué es la curatela?
La curatela es una figura jurídica que se establece para proteger los intereses de una persona con discapacidad, sin anular completamente su capacidad de actuar en la vida civil. A diferencia de la tutela, que implica un control más completo sobre la persona, esta figura se centra en ofrecer apoyo en áreas específicas donde el individuo tiene dificultades para tomar decisiones autónomas.
Para llegar a este punto, se debe formalizar mediante un proceso judicial, en el cual un juez designa a un curador tras evaluar las necesidades y capacidades de la persona afectada.
Conozcamos los beneficios que otorga la curatela a las personas con discapacidad:
- Autonomía limitada: permite a la persona con discapacidad mantener cierta autonomía y participación en decisiones que afectan su vida.
- Enfoque personalizado: ofrece un sistema de apoyo ajustado a las necesidades individuales de la persona, en lugar de una solución única que podría ser restrictiva.
- Flexibilidad: puede adaptarse a lo largo del tiempo para reflejar los cambios en la capacidad del individuo, permitiendo ajustes sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial.
- Salvaguarda de intereses: asegura que los intereses de la persona con discapacidad están siendo vigilados y protegidos por alguien de confianza.
- Revisión judicial: la figura del curador está sujeta a supervisión judicial, lo que añade una capa extra de protección para evitar abusos o negligencias.
- Menor estigma social: al mantener cierto grado de autonomía para la persona, se evita el estigma asociado a la incapacitación total, favoreciendo su inclusión en la sociedad.
A pesar de los avances significativos que la reforma de la incapacitación judicial trae consigo, la actualización legislativa no está exenta de controversias. Críticos argumentan que, aunque se aboga por un sistema más centrado en la persona, ciertas áreas siguen presentando ambigüedades que podrían resultar en aplicaciones inadecuadas o discriminatorias.
La supervisión judicial insuficiente y la falta de recursos para implementar adecuadamente las nuevas directrices son aspectos que también generan discusión. Sin embargo, este tipo de legislación marca un punto de inflexión en la forma en que la sociedad y el sistema legal ven a las personas con discapacidad. Es probable que futuras reformas continúen en una dirección más inclusiva, especialmente a medida que la sociedad toma más consciencia de la necesidad de erradicar modelos paternalistas y de subyugación.
