Se ha confirmado que la jueza perteneciente al Juzgado de Instrucción número 3 en Sevilla ha pactado la iniciación del juicio oral confrontando a 9 personas por supuestos crimines de fraude de socorros y crimines seguidos a la falsificación de documentos mercantiles, luego de constituir alguna trama el cual consiguió toda concesión de las ayudas para la Junta de Andalucía para el programa dentro de la alineación que paso por 3 años, los cursos mostraban las muchas anomalías.
Luego de un análisis hecho en los hechos denunciados, la juega terminó por decidir que “gran parte de ese dinero defraudado se regularizó” por medio de un fingimiento de la cesión para servicios de docencia, acompañado del doblez dentro de las horas pautadas, y movimientos para el incremento de capital no son más que métodos inexistentes.
Por lo que la jueza terminó el análisis de estos presuntos hechos ilícitos, donde apunta toda inspección para la Hacienda “Se estimó que para todo ejercicio fiscal del 211 y 2012 se realizó una eficaz defraudación que supera los 120.000 euros, de los ejercicios y la declaración del IRPF como un tributo concordado a ese impuesto dentro de la sociedad”
Asimismo, la jueza aprecia los indicios ilícitos de auxilios concordantes a la ayuda de toda formación debido al haber “falseado toda condición necesaria para la aprobación de las mismas dentro de un cargo mayor a los 120.000 euros y delitos de falsificación documental.
En el auto de PROA, se señalaba que esa entidad de Formación Integral Para el Empleo “poseía un contrato que lograba la justificación de todo curso en formación y, terminó por poseer hasta 3 contables”
Por si fuese poco, la jueza hizo referencia al escrito para la terminación de toda instrucción, y donde todo acto de presunción ilegal “es factible ese amparo por parte del método que controla el Orden de 23 de octubre del 2009, art 102, donde desarrolla ese Decreto 335/2009 (…), restringiéndose de toda Administración y de una correcta corrobación formal del dinero utilizado, o sea que toda factura deba cumplir con los requerimientos formales y con un criterio designado, no accediendo a valorar el hecho de toda partida donde contempla la sociedad auditada” .
