La justicia española funciona de una manera un tanto compleja ya que se encuentra en un difícil etapa. Esto se debe a que las sentencias demoran mucho mas de lo necesario en hacerse efectivas; llevando a una frustración de parte de el interesado creando desconfianza en la justicia y en la economía del país. Por eso muchas veces al ganar un pleito no acaba la travesía en el caso. Porque esto hace que empiece un largo proceso para que lo otorgado en tribunales se cumpla.
Mucha es la literatura que se ha publicado en referencia a este tema. En estos escrita se evidencia como influyen estos casos en la economía del país; son datos que se van recopilando caso tras caso y solo así se logra ver como el diseño de ciertos procedimientos logra ser mas efectivo en unos casos, pero hablando de los datos judiciales es evidente que estos retrasos llegan a afectar la disponibilidad de crédito del país.
Detalles de la falta de ejecución de sentencias
Las conclusiones publicadas por el Banco de España; en un documento de trabajo señala una notable mejora de las ejecuciones judiciales ya que cuando el juez obliga al pago de una deuda incrementa la disponibilidad de crédito, asi lo aclaraba el Banco de España quien tiene claro de la relación que hay entre la eficacia de las ejecuciones judiciales y la disponibilidad al credito
Sin embargo en otra fase del procedimiento como la evolutiva (Cuando la deuda solo de verifica por un juez) su eficiencia no tiende a influir en cuanto a los efectos que este produce hacia el crédito, una manera sencilla de explicarlo es diciendo que gran parte de estos pagos es dictada por personas que en realidad están solventes.
Este informe también detectaba que en las comunidades donde habían procesos declarativos mas eficientes era donde se detectaba una menor morosidad, pero eso solo significa que puede estar relacionada con el incremento de los impagos no estratégicos producidos durante la crisis económica
Según los datos recogidos recientemente cada vez aumenta mas el número de ejecuciones al finalizar el año. Según el balance que entre 2015 y 2016 quedaron por ejecutarse alrededor de dos millones de sentencias.
