Es un hecho que C. Ronaldo y Hacienda han llegado a un acuerdo; para que el astro Portugués y exjugador del Real Madrid, pague al fisco español; una cifra cercana a los 19 millones de euros. Además el acuerdo entre C. Ronaldo y Hacienda, incluye una condena de 2 años de cárcel; de parte de la fiscalía y la abogacía del estado Español.
Al ser una condena de tan solo 2 años de cárcel, no implica que el Lusitano deba entrar en prisión. Aunque en acuerdo si especifica que Ronaldo deberá declararse culpable de cuatro delitos fiscales; el acuerdo estaba pendiente desde hace algunos meses. Al ocurrir el reciente cambio en la presidencia del Gobierno Español; las autoridades de Hacienda recién nombradas, decidieron darle celeridad al proceso.
Cristiano Ronaldo era acusado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, cometidos entre 2011 y2014; dichos delitos suponían un fraude tributario por unos 14.768.897 euros. Específicamente se pudo conocer que las cuotas supuestamente defraudadas correspondientes al año 2011 son 1,36 millones; respecto al 2012 fueron 1,66 y finalmente entre 2013 y 2014 más de 11 millones de euros.
En el acuerdo de C. Ronaldo y Hacienda existen discrepancias con la Fiscalía
En definitiva el acuerdo por la vía penal; rebajó la cifra defraudada de más de 14 millones a solo 5,7 millones de euros. Aunque el importe total a pagar por el futbolista haciende a casi los 19 millones de euros; además deberá pagar los gastos de la Abogacía del Estado durante el proceso.
Entre Hacienda y la Fiscalía existe aún una discrepancia de criterio respecto a la sustitución de la condena penal por una multa, pues la agencia tributaria rechaza ese cambio; es decir, desea la condena a dos años de prisión, de modo que, aunque no entre a la cárcel, cuente con antecedentes y no pueda reincidir en ese tiempo.
Todo quedara debidamente esclarecido durante la visita del astro Portugués al juzgado de instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón; donde manifestara su conformidad con el acuerdo. Un lagar al que Ronaldo ha visitado hace casi un año cuando comenzó la investigación.
El Constitucional revisará si se violaron derechos políticos de independentistas.
