Las resoluciones públicas son despreciadas por el público siendo un peligro para las funciones de los tribunales

Todas las asociaciones en relación a los jueces, APM, AJFV, JpD y FJI emitieron en conjunto un anuncio en relación a todos los hechos que tuvieron sede en el Ayuntamiento de Badalona, en el cual el tercer teniente de alcalde fraccionó en contra de los medios de comunicación una resolución judicial en contra de la inauguración de la administración local en un día de festejo nacional. El anuncio dicho por los jueces dice que “profunda inquietud y realizar un llamamiento a toda cordura de las fuerzas políticas”. De igual forma, recalcan que “el desprecio público a toda resolución judicial supone un serio ataque a la función de todos los tribunales de justicia”.

El comunicado en conjunto de toda asociación judicial con la ocasión de los hechos sucedidos en el Ayuntamiento de Badalona.

Con lugar a todo lo sucedido en el Ayuntamiento de Badalona, es el momento que el grupo de concejales con el control de gobierno rompieron una copia de esa resolución judicial el cual acogía procesos cautelosos en relación a toda inauguración de las instalaciones el día 12 de octubre, todos los grupos judiciales desean manifestar la gran inquietud que tienen y realizar un llamamiento a toda cordura por parte del poder político.

Gracias por haber seleccionado a cada ciudadano para el cargo de concejales no les ponía por arriba de la Ley. Todo lo contrario, la Ley es el seguro de su misma libertad en toda presencia de instituciones, ya que, a la vez, es la restricción de la representatividad del mismo poder ejecutivo, siendo parte de un control constitucional. La falta de respeto a la ley genera una falta de respeto a uno mismo.

Por ende, todo desprecio público y cada resolución judicial plantea un serio ataque a toda función tribunal de justicia y a todo papel que interpreta en convivencia pacífica.

El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que el derecho de toda persona a “un recurso eficaz en frente de los tribunales nacionales competentes, que la acoja contra cualquier acto que viole los derechos esenciales y reconocidos por la constitución o por la misma Ley”.

Se trata de una función, el guiar de manera eficaz a toda libertad y los derechos esenciales de cada ciudadano/a y con ello, es obligatorio el cumplimiento por todos de las resoluciones judiciales. Los Tribunales deben de conservar un estatus neutral en cualquier debate político para ir instruyendo cada derecho de todas las contiendas, pero se trata de un debate que debe hacerse con respeto al marco legal que han brindado, ya que todo juez/a no puede dejar de emplear cada Ley democrática y promulgada.

Esa es nuestra función, tutelar de forma efectiva las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos/as y, para ello, es imprescindible el cumplimiento por todos/as de las resoluciones judiciales. Los Tribunales debemos mantenernos neutrales en el debate político para tutelar los derechos de las partes en contienda, pero ese debate ha de hacerse con respeto al marco legal que nos hemos dado, ya que los jueces/zas no podemos dejar de aplicar las Leyes democráticamente promulgadas.