El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron secuestrados sin dejar ningún rastro, es la nueva meta del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto. La misión es ponerle cara a miles de expedientes y para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes.
Esta decisión se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Peña Nieto.
Contabilizadas 7.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. “Y seguramente el número es más grande”, ha admitido el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP).
“Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones”, criticó Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de las organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP.
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Gobierno de Peña Nieto apuesta por el nuevo SNBP
El nuevo sistema se desprende de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas; fue aprobada en la Cámara de Diputados en agosto del año pasado; creó una fiscalía especializada y una comisión nacional de búsqueda que depende del Ejecutivo.
Pasar del papel a los hechos tomó más de un año, principalmente por problemas de presupuesto, explicó Rivas. “Dotar de recursos es fundamental para dar justicia a las víctimas, el Estado tiene que asumir su liderazgo y su responsabilidad en este problema”, indicó.
El antiguo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas tenía problemas técnicos considerables como casos duplicados; datos incompletos y denuncias que no eran contadas.
La nueva base de datos pretende sustituir al viejo sistema; es la primera que unifica la identidad digital de los desaparecidos; nombres, fecha de nacimiento y la clave de población.
El objetivo es pasar de la contabilidad deficiente de las desapariciones a tener herramientas para encontrarlos. Esos instrumentos surgen de los registros forenses estatales y de los datos recabados por las autoridades electorales; en México incluyen las huellas dactilares de toda la ciudadanía que tiene 18 años o más.
Contabilizados más de 37.000 desaparecidos
El cruce de datos indica el punto de partida y el tamaño del problema. De los más de 37.000 desaparecidos hay 26.000 casos en los que se conoce su identidad digital y solo se cuenta con fotografías y huellas dactilares de alrededor de 16.000, según datos oficiales.
El Estado ya ha confirmado de forma preliminar quiénes son las víctimas de 340 denuncias. “Es la primera vez que esta cifra se logra a nivel federal, no había un registro de coincidencias”, señaló Navarrete.
Es poco menos del 1% de los casos. Y se repiten antiguos errores al dar los anuncios; sin que lo confirmen los peritos forenses y sin avisar a las familias antes que a los medios.
Solo seis Estados de las 32 entidades del país han creado sus comisiones locales de búsqueda y 11 no han puesto en operación las unidades estatales de atención a víctimas, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La apuesta, dice Encinas, es crear un precedente a partir de la resolución del caso Ayotzinapa para el resto de los casos.
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