Tribunal Supremo dicta prisión preventiva a Oriol Junqueras, así fue decidido para el dirigente catalán; quien fue encerrado por rebelión y encarcelado para prevenir que reitere en los delitos. Asimismo, los tres magistrados de la Sala Segunda, de lo Penal, del Supremo han tomado la decisión por unanimidad un día después de la vista; en la que las partes enfrentadas expusieron sus tesis.
De igual forma, los magistrados de la Sala de lo Penal, apuntan cuestiones importantes de la investigación; y allanan el avance de la causa de Llarena. Los jueces dejan claro que no se persigue en ningún caso la ideología independentista; una opción que permite y promueve la Constitución española, pues no nos encontramos ante una democracia militante.
“Buscar la independencia es legítimo”, explican los magistrados, que alegan que lo que se persigue y castiga; es la forma empleada en ese objetivo: desobedeciendo al Tribunal Constitucional y alentando una insurrección contra el ordenamiento español. Es decir, por una vía delictiva. Por ello; el Supremo responde al independentismo: «No puede hablarse de presos políticos».
Tribunal Supremo dicta prisión preventiva
El comportamiento que adoptó Junqueras, dentro de su rol esencial en el plan secesionista, constituye “un hecho ilegítimo; gravísimo en un Estado democrático de Derecho, en el que el cumplimiento de la Ley como expresión formalizada de la voluntad popular aprobada por sus representantes legítimos, y también la misma lealtad al propio sistema democrático que nos rige; imponen ciertos límites que deben ser respetados en aras de una convivencia pacífica y ordenada”.
Sin embargo, el Supremo también resta valor a las llamadas al diálogo de Junqueras, que se autopresentó; como un hombre de paz en la vista de apelación. Los magistrados señalan que el exvicepresidente no ha expresado en ningún momento una renuncia a la vía unilateral, a la imposición de las vías de hecho y al camino del enfrentamiento con el Estado. El diálogo ofrecido y la supuesta bilateralidad, añaden; solo se refiere a la forma en la que el Estado español debe aceptar la independencia de Cataluña.
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