Keiko Fujimori estará tres años presa. La medida fue impuesta por el juez peruano Richard Concepción Carhuancho, ante el riesgo de fuga. La líder opositora es investigada por supuesto lavado de activos durante la campaña presidencial de 2011.
El juez fue claro. “Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos”, dijo durante la audiencia.
Lea también: https://www.justicia.com.es/china-propone-una-gran-feria/
Las autoridades tienen una hipótesis: financió su campaña con dinero ilícito. Recibió 1,2 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. De igual manera, el juzgado la señala de obstaculizar la investigación.
No es la primera vez que está presa. La líder opositora pisó la cárcel el 11 de octubre. Estuvo presa durante siete días, por su supuesta participación en el “caso Cócteles”. En ese mismo, estarían involucradas 19 personas más.
Los antecedentes de Keiko Fujimori
Las investigaciones en contra de la hija de Alberto Fujimori comenzaron en 2017. Por lo menos en el “caso Cócteles”. Se trata, también, de la forma de financiamiento de su campaña. Esta sugería que Fujimori recibió dinero a través de cócteles y rifas. Sin embargo, eso fue algo que la fiscalía no pudo sustentar.
Las 19 personas implicadas habrían servido como intermediarias. Las averiguaciones apuntan a que estas recibieron el dinero de Odebrecht y luego se lo transfirieron. Servirían como falsos donantes.
Entre esas personas se encuentra Jaime Yoshiyama, quien fue secretario general de Fuerza 2011, el partido de Keiko. Yoshiyama resultó es un ex ministro del Gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Actualmente, está en los Estados Unidos. Los otros implicados son testigos protegidos por el juzgado. Son personas que han aportado suficientes datos para la investigación.
Rolando Reátegui es uno de ellos. Declaró ante la fiscalía cuando se sintió abandonado por su grupo político. Él afirma que Fujimori le pidió reclutar a un grupo de ciudadanos que sirvieran como donantes. Estas tendrían que transferir el dinero desde la región de San Martín.
El otro delito
Obstrucción a la justicia. Ese es el otro delito que le imputan a Keiko Fujimori. Rolando Reátegui entregó pruebas a la justicia peruana que la implican directamente. Una supuesta conversación a través de la aplicación Telegram demuestra que es así. La líder opositora habría dado órdenes de blindar a los altos funcionarios que eran investigados.
Presuntamente, el congresista Héctor Becerril se encargó de gestionar entre Fujimori y el ex juez César Hinostroza. Hinostroza es señalado de ayudarla en procesos judiciales. En la actualidad, el ex juez está detenido en Madrid.
Mientras las investigaciones siguen, la abogada de Keiko Fujimori dijo que apelará la decisión. La militancia del partido Fuerza Popular también se pronunció. El parlametario Miguel Torres dijo que se trata de un caso de persecución política. Torres es el dirigente del comité de emergencia del fujimorismo.
Te puede interesar:
