El presidente de Perú, Martín Vizcarra, vetó el proyecto de ley aprobado por el Congreso; el cual concede arresto domiciliario a presos mayores de 65 años con enfermedades graves o crónicas. “Hecho a la medida” para el ex presidente Alberto Fujimori.
“Estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados”, declaró Vizcarra, quien instó al Congreso, controlado por la oposición fujimorista, a mejorar el proyecto a través de un mayor debate.
Aseguró que se necesita “una norma debatida a profundidad para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad”. “Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”.
El proyecto busca evitar que Fujimori de 80 años, vuelva a prisión luego de que la justicia anulara el 3 de octubre un indulto; el cual recibió en diciembre mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
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Veto de ley de Martín Vizcarra deja abierta posibilidades
Sin embargo, el veto de Vizcarra puede ser meramente simbólico, pues el Congreso peruano tiene la potestad para aprobar por insistencia cualquier proyecto; en una segunda votación 15 días después, con lo que se convierte automáticamente en ley.
El veto presidencial, sin embargo, deja abierta la vía para tender un puente de entendimiento; entre la implacable mayoría fujimorista y el gobierno.
“Creemos que es necesaria una norma de este tipo, pero tiene que ser evaluada, justificada y consensuada”, matizó Vizcarra.
Vizcarra justificó el veto argumentando que se trata de un proyecto “inconstitucional”, porque invade competencias del poder judicial, según el oficio que envió al presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry.
La justicia ordenó que Fujimori retorne a prisión por irregularidades; en la tramitación del indulto que le concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018); que entonces fue criticado por organismos internacionales y entidades de derechos humanos.
Fujimori lleva cumplidos 12 años de su condena de 25 años por la matanza de 25 personas en 1991 y 1992, en dos operaciones de un escuadrón de la muerte conformado por militares.
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, la justicia lo condenó en 2009 como “autor mediato”; de esos asesinatos, así como del “secuestro agravado” de dos personas, una de ellas un periodista.
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