El govern se enfrenta al pago de indemnizaciones por el detenimiento de los proyectos urbanísticos que supuso la ley de medidas urgentes aprobada por el anterior Pacte que presidía Francesc Antich. Es la llamada ley 4/2008 que supuso la desclasificación de muchos terrenos urbanizables cuyos propietarios presentaron en su momento unas demandas judiciales que ahora los tribunales empiezan a resolver. La suma del dinero que se reclama asciende a casi 900 millones de euros. En esta cantidad están los 26 millones de indemnización que el pasado mes la Justicia ordenó pagar por la protección de Biniorella, en el municipio de Andratx.
Junto a las demandas por indemnización; ha surgido ahora la acusación contra el Govern de la Asociación de Afectados por la Ley 4/2008. Que acaba de denunciar diversas anomalías y casos de favoritismo en la protección de las tierras del Vilà de Pollença. Ubicados a escasos kilómetros del Puerto. Esta asociación asegura que el Govern ideó la ley de medidas urgentes no para proteger el territorio; sino para favorecer a ciertos promotores en perjuicio de otros.
Causas de la deuda del Govern
La explosión de la burbuja del ladrillo en 2007 provocó más oferta que demanda en el mercado inmobiliario; y que la única manera posible para que los precios no se desplomaran era reducirla. Según la denuncia, la ley 4/2008 fue fruto de la presión del mercado inmobiliario y asegura que las protecciones se hicieron de forma arbitraria. Afirma la asociación que en Es Vilà se desclasificaron una serie de parcelas sin ningún criterio aparente de tal forma que en un mismo vial un propietario tiene el solar clasificado como ANEI mientras que el vecino de la izquierda, con una parcela exactamente igual y con los mismos servicios, no la tiene protegida
Se han presentado aparte de esta denuncia; diversas demandas judiciales por parte de la Asociación de afectados por la Ley 0/2008. Reclamando indemnizaciones siendo algunas de ellas ya resueltas y otras pendientes de recurso
