Un total de 107 diputados de la Asamblea Nacional. Y aproximadamente 30 parlamentarios de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Guatemala y Uruguay. Acordaron ayer proponer iniciativas legislativas en sus naciones para negar y revocar visados a altos funcionarios de Maduro “involucrados en la violación del orden constitucional”.
Los parlamentarios sugirieron revisar los antecedentes de las solicitudes de visas especiales por inversión. Para impedir que “corruptos y violadores de derechos humanos puedan establecer su patrimonio en nuestros Estados”, se lee en la declaración conjunta.
El Primer Encuentro de Congresos Latinoamericanos por Venezuela, celebrado en la ciudad colombiana de Cúcuta. Sumó a las sanciones a los miembros de la asamblea nacional constituyente de Venezuela y a sus socios en actividades comerciales.
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Revocarán visados a funcionarios de Maduro y tomarán las siguientes acciones:
En la declaración final se incluyeron cuatro puntos: convocar a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Además de coordinar la gestión regional logística y presupuestal para la atención de los migrantes venezolanos.
También se planteó instar a los gobiernos presentes a crear un Fondo de Cooperación Internacional para atención humanitaria. En tercer lugar, desarrollar una agenda legislativa común. Para enfrentar la crisis de millones de venezolanos expulsados de Venezuela. “Producto de la represión del régimen y la situación de hambruna”.
El presidente de la AN, diputado Omar Barboza. Dijo que en Venezuela se quiere “imponer un modelo político, desconocedor de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Para imponer por la fuerza un régimen promotor de la impunidad. Que, además, se dice representar una revolución en favor de los pobres, pero que se ha convertido en una fábrica de indigentes”.
Finalmente, y ante “la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y la consecuente pérdida de patrimonio venezolano”. Se propuso activar las unidades de inteligencia e investigación financiera y adoptar la legislación necesaria. “Para incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno de Venezuela. En los países de la región, de las empresas controladas por estos, y los fondos y demás patrimonio personal y de sus testaferros”.
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