En España entrara en vigor este protocolo adoptado en Ginebra en 2014; y que además también recoge el convenio en contra al trabajo forzoso establecido desde 1930. La cruenta realidad a nivel mundial es que existen más de 24 millones de personas víctimas del trabajo forzoso.
El trabajo forzoso se refiere a todo trabajo o servicio exigido a un individuo; bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos.
Este protocolo complementa el Convenio sobre trabajo forzoso de 1930 con nuevos elementos; como el de abordar sus causas para eliminar cualquier forma de esclavitud. Requiere que los países garanticen la liberación, la recuperación y la readaptación de las víctimas de la esclavitud moderna; mantengan una legislación que permita prevenir el trabajo forzoso y fortalezcan la inspección laboral y otros servicios que protejan a los trabajadores de la explotación.
De igual manera, garantiza a las víctimas el acceso a acciones jurídicas; y de reparación aunque no sean residentes legales del país donde trabajan. Los gobiernos tendrán que sancionar las prácticas abusivas y fraudulentas de los contratistas y las agencias de empleo.
Este protocolo busca generar consciencia en 25 países
La buena fe de algunos gobiernos en el mundo queda demostrada; en el hecho que actualmente, ha sido ratificado por un total de 25 países. También existen 12 países miembros de la Unión Europea que han suscrito el acuerdo.
Según los últimos datos de la OIT, en el mundo hay 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso; de las cuales 16 millones son explotadas en el sector privado (en el trabajo doméstico, la industria, la construcción o la agricultura), 4,8 millones son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.
El trabajo forzoso afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas que representan el 99 por ciento de las víctimas de la explotación sexual comercial; y el 58 por ciento en otros sectores. No hay ningún país, ni región en el mundo que esté libre de trabajo forzoso.
La entrada en vigor del protocolo en España requiere la adopción de una política y un plan de acción nacional contra el trabajo forzoso. En un proceso de participación y diálogo social, del cual carece ahora; así como la actualización de las medidas vigentes contra el trabajo forzoso con fines de explotación sexual.
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