Un cuarto implicado se suma al caso de Plaza de Toros de Íscar, así lo acordó la juez de Instrucción número 5 de Valladolid. Luego de las deliberaciones agregó en el proceso al representante legal de la empresa que ejecutó la obra.
Por lo que, el empresario Luis G.Ch, responsable de la mercantil Mego S.A, con sede en Cáceres, fue citado. Su audiencia se realizará el próximo 27 de septiembre, a través de vídeo conferencia.
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Avances del caso Plaza de Toros de Íscar
Desde que el caso se abrió, son muchos los avances que ha tenido. Para los cual ya han comparecido en los juzgados el ‘popular’ Alejandro García Sanz, ex alcalde de la localidad.
También, ha declarado el que fuera concejal de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro. Ambos se testificaron en junio en calidad de investigados. Alegaron desconocer que tenían que licitar para modificar de las obras del centro multiusos.
Por su parte, otro de los citados, José Luis Pérez, arquitecto municipal y director de obra, aún no ha comparecido, debido al cambio de abogados. Sin embargo, este sería el responsable de firmar los documentos de la obra.
La investigación, según fuentes jurídicas, tiene su origen en una auditoría que autorizó el actual equipo de gobierno de Luis María Martín García. Para esto contrato una empresa externa, para auditar las cuentas de su predecesor.
En dicha auditoría descubrieron varias faltas, en contratos que realizará el antiguo alcalde. En el caso de las cuentas entre 2002 y 2015 elaborado por la empresa NuVe Consulting, presentaba irregularidades. Por lo que se remitió al juzgado Instrucción número 5 de Valladolid.
En ese informe inicial, y por el cual inició la diligencias. Evidencias del aumento del presupuesto inicial de 2,3 millones de euros y para cerrar en 5,7 millones. De los que el Consistorio afrontó de sus propios fondos 3,8 millones y el resto, 1,9, vía subvenciones (el 34%).
También descubrieron la existencia de un solo contrato. Mismo que sufrió “desviaciones” y “modificaciones”, que no se aprobarón como debían. Superando el límite del 20%, por lo que tendría que haber sido un concurso abierto, como establece la Ley.
La consultora también advirtió sobre posibles irregularidades en el pago de honorarios, del el entonces arquitecto técnico, José Luis P. Mayoría de facturas no especifica los descuentos.
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