Archivada la denuncia de Torrent contra Llanera y otros magistrados del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. Contra Pablo Llarena y otros tres magistrados de dicha Sala al no cumplir el requisito de haber sido formulada mediante querella, como exige el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así lo ha explicado los magistrados, Juan Ramón Berdugo, Antonio Del Moral y Manuel Marchena. También mencionan que esta actuación formulada, carece de procedibilidad. Archivando la denuncia sin perjuicio de que el presidente del parlamento Catalán use su derecho a interponer una querella.
“Al haber sido presentada denuncia y no querella, es claro que no se satisface el meritado requisito de procedibilidad. Lo que es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio del derecho que asiste al presentante. A reproducir su petición en los términos señalados”, indica la providencia de archivo.
Argumentos de la denuncia de Torrent, presidente del parlamento Catalán
La denuncia de Torrent se formuló por presuntos delitos de prevaricación judicial y detención ilegal contra Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el proceso independentista de Cataluña, y los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, integrantes de la Sala encargada de resolver los recursos de apelación contra las decisiones del instructor.
Torrent sostenía que mantener detenidos a los líderes independentistas procesados en dicha causa. Suponía una violación a los derechos fundamentales, dado que alguno de ellos son diputados y por ende gozan de inmunidad parlamentaria.
Otro de los argumentos es que los magistrados del Supremo alteraban “la garantía de imparcialidad e independencia judicial. Como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament”.
De igualmenera acusaba a los magistrados de una “sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad”. Que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política.
